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ÉTICA Y POLÍTICA: NORBERTO BOBBIO

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Dos formas de entender el tema de la justicia: uno en función de los poderosos y otro de acuerdo con los inermes y los indefensos. Para los primeros, la justicia se encuentra vacía de contenido o vale solo como justificación de su poder; por el contrario, para los segundos la justicia tiene un contenido representado por un reclamo de igualdad. Para que una sociedad funcione, sostiene el maestro Bobbio, todos sus componentes deben ser educados en las ideas de la semejanza lo que significa “igualdad-equivalencia”, de la independencia lo que proyecta la “igualdad-autonomía” y de la ciudadanía expresada por el binomio “igualdad-participación”. De la confluencia de estos valores deriva la idea de la “igualdad-relación” entre los individuos, que alimenta una visión democrática del bien común.

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DERECHO HUMANO A LA INFORMACIÓN Y EL IDEAL DEL ESTADO TRANSPARENTE

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Cuando hablamos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas la referencia es a un paquete específico de derechos ciudadanos. Ellos van más allá del simple hecho de publicar documentos y datos existentes, y promueven que la información sea de fácil acceso, comprensiva, homogénea, relevante y confiable. La transparencia en los asuntos del Estado no es una moda, ni una ocurrencia académica de última hora, por el contrario, es un reclamo que tiene un largo recorrido en la historia de las instituciones y de las doctrinas políticas. No debemos olvidar que la misma palabra República deriva de “res-publica” que significa la cosa pública, en el doble sentido de gobierno del público y de gobierno en público. Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas conforman un mecanismo que proyecta la continua preocupación por la existencia de controles y contrapesos para la supervisión y la restricción del poder. Representan instrumentos y principios democráticos que permiten informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por los sujetos obligados. Es una tarea permanente, con actores claramente identificados que llevan a cabo la vigilancia, el control y la sanción sobre la opacidad en todas sus facetas, en un entorno legal y democrático explícito y abierto, que identifica con claridad las obligaciones a que está sujeto todo servidor público.

 

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INVITO A LEER MI LIBRO “RECORRIDOS DE LA TOLERANCIA: AUTORES, CREACIONES Y CICLOS DE UNA IDEA” OCEANO MÉXICO

Recorridos de la Tolerancia

 

Mi columna radiofónica: “BIBLIOTECA MÍNIMA DEL BUEN CIUDADANO” en @antenaradio Primera Emisión 107.9FM con @NoraPJara @IMER

Tema:

“RECORRIDOS DE LA TOLERANCIA: AUTORES, CREACIONES Y CICLOS DE UNA IDEA”

PARA UBICAR LA OBRA PULSE AQUÍ:

EDITORIAL OCEANO

 

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COMPARTO ENTREVISTA “MALTRATO ANIMAL DELITO PENAL” TVEGAS

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Un reclamo social respecto al maltrato animal recorre distintos países de América Latina. Esta demanda ciudadana se refiere no sólo a la violencia contra los animales domésticos sino contra todo tipo de animales silvestres y exige que las sanciones sean más fuertes, incluso con la pena privativa de la libertad, si el maltrato o muerte es contra especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o migratorias. En México, este reclamo también existe y plantea que el maltrato animal debe ser considerado un delito penal a nivel federal. Casi todas las entidades de nuestro país cuentan con una ley de protección a los animales, pero la mayoría no están actualizadas o no son cumplidas a cabalidad, además los vacíos jurídicos impiden garantizar su bienestar. Hasta el momento no se conoce públicamente un caso de encarcelamiento por maltrato animal y todo queda en sanciones administrativas o ridículas multas, por lo que resulta urgente una ley federal que penalice a los agresores. A los animales se les debe reconocer -como derecho subjetivo individual- el derecho a la vida. Es necesario prohibir las torturas, los experimentos “científicos” o su asesinato con motivaciones “deportivas” o “artísticas”. Las sanciones legales contra el maltrato injustificado deben abarcar todos los actos de violencia que causan al animal dolor o sufrimiento, encuadrando en el precepto tanto la comisión por acción como por omisión. Es un delito de resultado material frente a la vida o salud del animal. Su protección primero fue de tipo religioso y después filosófico. Ha llegado el momento de generar una protección jurídica efectiva.

Es necesaria una Ley Federal de Protección Animal para erradicar uno de los mayores lastres de la actualidad, inaceptable en una sociedad moderna y democrática: el maltrato animal. Pese a que existen prohibiciones sobre la violencia contra determinadas especies queda un largo camino por recorrer. Para cambiar esta situación debemos modificar aquellos usos y costumbres que consideran el maltrato hacia los animales como una tradición humana. Con el objetivo de que sus derechos sean reconocidos, es necesario el convencimiento ético de las personas. Una opinión moral no es por sí misma superior a otra opinión moral, pero desde el punto de vista sociológico, una opinión moral puede prevalecer, respecto a las convicciones de cada individuo, cuando ese punto de vista es compartido por la colectividad. La percepción social de las cuestiones éticas es el fundamento para el reconocimiento de los derechos. Alrededor del mundo actualmente existen millones de seres humanos que son esclavos de hecho y como tales son tratados, pero la idea del esclavismo es culturalmente inaceptable. Para conseguir este resultado fueron necesarios cientos de años y para abolirla definitivamente se requerirán muchos más. Sin embargo, sobre el plano cultural debemos registrar la rapidez con que el proceso democrático ha promovido la extensión de los derechos fundamentales, a categorías cada vez más amplias de sujetos. Este proceso conducirá inevitablemente al reconocimiento de los derechos fundamentales para los animales no humanos.

En la cultura tradicional los animales no son objeto de consideración moral porque ellos no son personas y pertenecen al conjunto de objetos que se encuentran en la naturaleza. Se afirma que sobre los animales solo recaen consideraciones morales cuando los comportamientos hacia ellos representan un indicador sobre el carácter moral de la sociedad. La ética de la naturaleza entra en juego cuando la intervención humana amenaza la vida en general. Hablar de derechos de la naturaleza también quiere decir proteger la vida y el bienestar de los animales. Los bienes naturales son bienes públicos y amenazarlos o garantizarlos depende de acciones colectivas, por lo que el reclamo ciudadano postula una regulación jurídica que satisfaga los principios de justicia y protección. Los derechos de los animales tienen dos premisas: tratar igual a los iguales de acuerdo con su igualdad, y no dañar a ninguno de los animales que, como ha confirmado la etología científica desde Charles Darwin, son capaces de sentir dolor, angustia y sufrimiento. La batalla por el reconocimiento de sus derechos es una batalla auténticamente revolucionaria y para nada prematura, porque enfrentar la cuestión de los derechos de los animales no humanos significa tratar el problema crucial de los derechos para todos. Los derechos de los animales ocupan un espacio en el debate sobre los denominados nuevos derechos y sujetos de la democracia. Aquello que debemos admitir, la verdad que debemos remarcar, es que, justamente como los negros no existen en función de los blancos o las mujeres en función de los hombres; de esta manera, los animales no existen en función de los humanos. Ellos no forman parte de los generosos recursos que nos otorgó una divinidad benévola o una naturaleza infinitamente previsora. Ellos tienen una existencia y un valor propio. Una moral que no incorpore esta verdad se encuentra vacía de significado. Un sistema jurídico que la excluya está ciego.

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