Archivos de la categoría ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS

INSURRECCIÓN DE LA MADRE NATURALEZA

Hoy la izquierda no puede considerarse como un proyecto de futuro, sino coloca en el centro de sus preocupaciones la cuestión ambientalista. Sus viejos paradigmas no existen más o están en crisis. Al centro de su reflexión y de su actuar, deben colocarse los nuevos temas del medio ambiente, la ética pública, la libertad y la tutela de los débiles. Nuestro país requiere con urgencia de un gran partido ambientalista de izquierda que promueva programas y políticas públicas para una reconversión ambiental de carácter económico, cultural y social.

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1042767.html

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PROTECCIÓN JURÍDICA PARA LOS ANIMALES

Al institucionalizar la responsabilidad de proteger a los animales no humanos se establece una pauta central para la transformación de las mentalidades sociales, creando así una cultura cívica ciudadana. El derecho a la protección jurídica para los animales proyecta la lucha permanente contra el maltrato y la crueldad, propone una perspectiva en donde la persona deja de ser el centro de toda actividad, para formar parte del sistema biótico al mismo nivel que los otros seres vivos. Arribar a esta conclusión ha permitido la consideración de los animales no como entes inferiores al individuo, sino como seres sintientes que coexisten al mismo nivel, y que por lo tanto, deben ser protegidos como sujetos de derechos, al igual que los seres humanos.

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¿PODER SIN DERECHO? O ¿DERECHO SIN PODER?

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El tema de la extradición de Joaquín Guzmán Loera a los Estados Unidos pone en primer plano la tensa relación que existe entre el poder y el derecho. De lo que resulte, se verá si en el México de nuestros días prevalece el poder o el derecho. Se dice que el derecho sin poder es vacío, pero que, más grave aún, el poder sin derecho es ciego. Es la clásica distinción entre poder de hecho y poder legítimo. De esta forma, poder y derecho aparecen como las dos caras de la misma moneda. Desde la perspectiva del poder, el problema más importante es el de la soberanía y la legitimidad, mientras que desde el punto de vista del derecho el aspecto más relevante es el de la efectividad y eficacia del sistema normativo. A la discusión de estos temas contribuyó decididamente el profesor Norberto Bobbio, quien el pasado sábado 9 de enero 2016 cumplió doce años de fallecido. Considerado uno de los últimos pensadores clásicos de la política, realizó contribuciones esenciales para la comprensión de la relación entre la norma jurídica y el principio de legitimidad. Recordar al filósofo italiano en estos momentos es importante, porque ayuda a comprender uno de los debates más recurrentes de los últimos tiempos, relativo a la eficacia del Estado y la efectividad del derecho en los procesos de construcción democrática.

Norberto Bobbio es un clásico porque permite dilucidar los complejos problemas del orden democrático, en donde el derecho se presenta como un conjunto de normas vinculantes que son hechas valer recurriendo, en última instancia, al poder coercitivo del Estado y donde el poder político aparece como la capacidad de producir una serie de efectos deseados sobre la sociedad. La relación entre derecho y poder es variable en función de que prevalezca uno u otro. Recuerda a Max Weber quien parte de la distinción fundamental entre poder de hecho y poder legítimo, y a Hans Kelsen para quien el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas válidas independientemente de su eficacia y capacidad para integrar un poder jurídico. Weber analiza aquello que hace legítimo al poder, es decir, el derecho, mientras que Kelsen estudia aquello que hace efectivo al derecho, es decir, el poder.

La legitimación del poder es, en última instancia, una justificación jurídica. Desde el punto de vista del derecho, el campo de referencia del poder es la producción y la aplicación de las normas jurídicas, mientras que, desde el punto de vista del poder, el ordenamiento jurídico aparece solamente como fundamento de un poder soberano sobre el cual no existe ningún otro poder. En las sociedades antiguas la primacía era del poder, en tanto que en las sociedades democráticas de nuestro tiempo es el imperio del derecho, o el gobierno de las leyes como afirmaba frecuentemente el pensador turinés, de modo tal que, frente al poder de hecho se constituye siempre un poder de derecho, es decir, un poder legítimo porque es autorizado y regulado por las leyes. De acuerdo con el maestro Bobbio, en esto consiste el Estado Constitucional de Derecho.

 

Formas Modernas de la Intolerancia IBook

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OTRA POLÍTICA; OTRA IZQUIERDA

 

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En sus remotos orígenes la política era concebida como un arte, pero sobre todo, como una virtud. Un arte que hacía posible la convivencia social y una virtud que permitía comprender la justicia. Hace siglos, Platón recordaba que Sócrates sostenía que la política permite al ciudadano vivir de mejor manera su dimensión colectiva, representando “la cosa común, la cosa de todos”. Pero en algún momento se perdió el rumbo, ya que actualmente la política se ha degradado, convirtiéndose en sinónimo de corrupción, ineficacia, transfuguismo y lucha sin cuartel por posiciones de poder. A nivel sistémico se observa en los partidos una progresiva descomposición política, mientras que a nivel institucional existe un déficit, una carencia de Estado y una abdicación de su principal función legitimadora que es garantizar la integridad y los derechos de las personas. Guerrero, Michoacán y Morelos, entre otros, representan el fracaso del Estado y de los partidos políticos tradicionales. La sociedad civil identifica en las inoperantes instituciones políticas al principal enemigo de la democracia, y confirma que los partidos solo son reflejo de grupos oligárquicos sin principios, ni valores. Todo ha cambiado en el país, menos el Estado y sus viejos partidos. Frente a la gravedad de estos problemas observamos una izquierda incoherente y sin referentes éticos, con el cálculo oportunista como única estrategia de alianzas y con una embarazosa confusión respecto al futuro de nuestra democracia. A la izquierda ideologizada y fantasiosa de los últimos decenios le siguió una izquierda pragmática, anodina y burocrática alejada de los fines que la inspiraron originalmente. El resultado es que hoy cuando se pronuncia la palabra izquierda, no se sabe bien a qué cosa se está haciendo referencia.

El escritor José Revueltas sostenía la inexistencia histórica de un partido de izquierda en México. Lo hacía enfatizando el obstáculo que representaba, en su momento, el Partido Comunista Mexicano -antecedente lejano del PRD- para la formación de un verdadero partido de izquierda. Revueltas fue el primer crítico de la izquierda oficial. Buscó caminos alternativos que llevaran a la necesaria liberación de la crítica fuera de esa tradición política y de su “irrealidad histórica” en nuestro país. Los tiempos han cambiado, pero la izquierda permanece anclada al pasado. Una izquierda laica, progresista y democrática sería muy importante para México, no cabe duda, sobre todo porque proyectaría la expresión organizativa y la representación político-electoral, de cerca de 16 millones de ciudadanos que sufragaron por esta modalidad de la política en las pasadas elecciones presidenciales.

A diferencia de nuestros padres que confiaban en esta visión del mundo, las generaciones más jóvenes han encontrado al final del camino sólo un gran vacío ético y moral. La izquierda mexicana no se debe renovar, reconstruir, repensar o recomponer, sino que, por el contrario, debe reinventarse de nuevo. Radicalmente y desde el inicio.

ISIzquierda

 

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EL GOBIERNO DE LAS DEMOCRACIAS

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El gobierno es el núcleo central de la política. La escena contemporánea presenta una gama de variaciones extremadamente amplia en cuanto a las estructuras que integran al régimen político y a las modalidades funcionales con las que interactúan. El gobierno es un elemento constante de toda sociedad dado que partidos, parlamentos, elecciones y aparatos burocráticos desarrollados pueden no existir, pero una estructura de gobierno no puede faltar. La forma de gobierno que adopta cualquier sociedad también tiene su historia. Un árbol genealógico a través del cual es posible reconocer a las diversas familias y su descendencia, es decir, la representación gráfica, organizada y sistemática de su evolución hacia la democracia. El concepto gobierno indica el marco al interior del cual se organiza el ejercicio del poder y por lo tanto, la estructura institucional que sostiene al cuerpo político. El modo como una sociedad se gobierna así misma, implica un conjunto de procedimientos y mecanismos para asumir las decisiones que inciden en la vida colectiva, y que determinan las formas y canales de acceso a los principales cargos institucionales, las características de los actores del juego político y los recursos o estrategias que se pueden utilizar legítimamente. Para la formación de gobiernos democráticos es importante la existencia de un eficaz régimen político electoral que contribuya a dotarlos de legitimidad.

En México el estado de derecho postula la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, estrictamente apegadas a la Constitución y a la ley. Nace así la función electoral como atribución del Estado que representa la esencia misma del poder estatal. Es una atribución que -por el ejercicio de ese poder y de su carácter soberano- se reserva como un mandato. La regulación de las elecciones para la renovación periódica de los poderes públicos deriva de nuestra Constitución y se ejerce a través del régimen electoral, es decir, de la estructura institucional relativa a la materia electoral y que está conformada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que conoce y resuelve las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales, federales y locales; le sigue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y órgano especializado, permanente y colegiado para impartir justicia electoral; complementa el cuadro la autoridad administrativa encargada de organizar los procesos electorales y que está representada por el naciente Instituto Nacional Electoral que deberá ser independiente en sus decisiones y funcionamiento. También forman parte de este régimen los institutos y tribunales electorales locales, así como la nueva fiscalía electoral autónoma. Nuestro régimen político electoral tiene un fundamento constitucional dado que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal” bajo la forma de gobierno de sistema presidencial.

El caso mexicano enseña que la arquitectura institucional juega un papel importante en el proceso de democratización, en el sentido de que incentiva comportamientos virtuosos para alcanzar fines colectivos. De esta manera, para resolver la conflictividad electoral nuestro desarrollo político ha transitado por distintas fases evolutivas. La etapa inicial surge con nuestra Constitución Federal de 1824 y se prolonga hasta la reforma electoral de 1987, durante este período se mantuvo vigente un sistema de autocalificación que se caracterizaba por reservar a los colegios electorales de las cámaras legislativas la facultad de calificar los comicios. Entre 1987-1996 le siguió una fase denominada del contencioso mixto porque era al mismo tiempo político y jurisdiccional, en este periodo se creó el primer tribunal electoral en nuestro país como un órgano autónomo y competente para resolver las impugnaciones electorales, sin embargo, sus resoluciones podían ser modificadas por los colegios electorales. A partir de entonces se ha venido consolidando una nueva etapa del contencioso electoral en México que es plenamente jurisdiccional y que resuelve, en forma definitiva e inatacable, los medios de impugnación presentados contra los resultados electorales.

Todo régimen político electoral tiene de un lado, valores implícitos que en nuestro caso están representados por el principio de constitucionalidad, el cual precede y arropa a todos los demás, incluido el de legalidad en sentido estricto, y del otro, valores explícitos que se han venido incorporando en los últimos decenios producto de las sucesivas reformas político electorales, entre los que destacan los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, así como el principio recientemente incorporado de máxima publicidad. Este entramado de estructuras y de valores políticos permite que funcione nuestro régimen electoral, garantizando la vigencia del estado democrático de derecho. Con sus continuas y profundas transformaciones institucionales la democracia mexicana busca asegurar que se respete la voluntad popular y que se refleje cabalmente en los resultados electorales. Esto es importante para nuestro proceso político dado que la legitimidad de nuestros gobernantes se sustenta en la convicción de la mayoría de ciudadanos, de que solo un gobierno democrático puede asegurar el logro de los objetivos colectivos en modo satisfactorio.

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IMPUNIDAD SOBERANA

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El mundo contemporáneo ha conocido profundas transformaciones que hacen imposible una lectura simplificada de su evolución. Se observa el formidable desarrollo económico y científico logrado, el éxito de los valores democráticos, así como el progreso en los diferentes campos del saber. Sin embargo, no se pueden ignorar las manifestaciones más extremas de la dominación y la manipulación social. La globalización plantea nuevos problemas a la agenda de los derechos humanos y a la calidad de los regímenes democráticos, que no pueden consolidarse sin un orden jurídico y un marco ético que protejan de la impunidad. La corrupción sigue siendo el verdadero cáncer social que la origina y sostiene. La impunidad se refiere a la falta de castigo. Es impune quien ha incurrido en una falta o delito y no recibe la pena correspondiente a su actuar. Sin sanciones la conducta no se enmienda, no cambia. La evasión de la sanción es común en aquellos lugares donde no existe el imperio de la ley. La impunidad significa la ausencia de responsabilidades, de hecho o de derecho, por parte de los autores de violaciones civiles o administrativas, penales o disciplinarias, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención y procesamiento. El concepto de impunidad no describe una situación jurídica que pueda definirse estrictamente, sino un amplio fenómeno de dimensiones sociales, culturales, psicológicas, políticas y económicas.

La impunidad anula la justicia y es causa de odio, violencia, falta de credibilidad y desconfianza en las instituciones. La inconformidad social crece cuando se percibe que la impunidad es característica de la autoridad. La omisión y la inacción en el servicio público la fomentan colocando a los ciudadanos en un estado de indefensión, lo que produce mayor frustración entre quienes han padecido el abuso del poder y visto vulneradas sus prerrogativas constitucionales. La impunidad priva a la sociedad del derecho a que se conozca la verdad, del derecho a la justicia y a interponer recursos efectivos para la reparación del daño. En México prevalece un estado de impunidad soberana donde los abusos de la autoridad y la comisión de delitos por parte de particulares, crean un círculo vicioso que impide el desarrollo del Estado de Derecho. Según el “Índice Global de Impunidad 2015” elaborado por la Universidad de las Américas, ocupamos el segundo lugar entre las naciones con mayor impunidad del planeta. Ésta se propicia cuando se obstaculizan investigaciones sobre posibles faltas en la función pública, y al no llevarse a cabo de manera efectiva e independiente, tales abusos constituyen la norma del sistema. Se garantiza la impunidad mediante la designación de jueces y fiscales a modo, sin aspiración alguna de imparcialidad. Jueces a cuya entera discreción quedan sometidos los derechos ciudadanos. Al dificultar el acceso al sistema judicial y a la administración de la justicia, vía la omisión de recursos legales, se crea un sistema de impunidad soberana cada vez más preocupante, porque ocurre en un contexto de crecientes violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas. Para erradicar la impunidad requerimos de un vigoroso Estado de Derecho.

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UNA DERECHA EN BUSCA DE FUTURO

 

 

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En medio de la crisis política que generó la pérdida de la Presidencia de la República en 2012 y por su pobre desempeño en los pasados comicios del siete de junio,  se llevó a cabo el proceso electoral para renovar a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Contendieron por un lado, el carismático Ricardo Anaya, joven heredero político del grupo dominante en ese partido, y del otro, el senador Javier Corral, un experimentado político que busca imprimir un cambio radical a la organización. Fundado en 1939 sobre los principios del humanismo social-cristiano y bajo la dirección ideológica y organizativa de Manuel Gómez Morín, el PAN fue uno de los principales partidos de oposición durante décadas. La alternancia en el gobierno federal acontecida en el año 2000, tuvo como resultado la liberalización y apertura de un sistema político que se mantuvo cerrado durante décadas. Es innegable su contribución a la ruptura del monopolio político que caracterizó a nuestro régimen en donde un solo partido ocupaba los espacios del poder, mientras que la incidencia real de la oposición era absolutamente marginal. Al igual que el resto de los integrantes de nuestro sistema partidocrático, la derecha vive momentos difíciles y soporta una dura crítica social, por su alejamiento de los ciudadanos y desorientación programática. Señalado por abandonar sus banderas ideológicas, el PAN se transformó en una organización excesivamente pragmática, que permitió el desarrollo de prácticas antidemocráticas, venta de candidaturas, trato desigual, exclusión de corrientes opositoras e imposición de candidatos. Diversos testimonios afectaron su credibilidad, al evidenciar a gobernantes y representantes populares emanados de sus filas como autoritarios y corruptos. La pérdida de la presidencia significó también un extravío del rumbo, lo que obliga a una radical transformación del partido atendiendo el significado del voto y la nueva composición de las preferencias políticas en nuestro país.

Cambiar quiere decir resolver los problemas de cohesión organizativa así como de coherencia programática, que se expresan en la confrontación existente entre tradicionalistas y modernizadores. Los primeros como herederos directos de la vieja cultura del monopolio político y de sus prácticas de exclusión, los segundos como firmes defensores de una derecha plural y democrática. Esta pugna ha debilitado a la organización, siendo los tradicionalistas quienes han impuesto sus puntos de vista. El grupo dominante ha dado por concluida la división del mundo político entre derecha e izquierda, buscando con ello legitimar alianzas electorales de todo tipo. Sin embargo, esta distinción sigue viva porque se fundamenta en dos concepciones distintas de la igualdad. La derecha elitista mantiene la opinión de que la desigualdad natural entre las personas es mayor que su igualdad, que pocas formas de desigualdad son alterables y que son socialmente funcionales. La nueva dirigencia del PAN debe reflexionar sobre su compromiso con los grandes problemas nacionales, y en primer lugar, con el de las enormes desigualdades económicas, sociales y políticas existentes. México requiere de una derecha liberal y democrática que abandone los viejos esquemas elitistas y aristocráticos, y que se comprometa decididamente en la lucha contra nuestras ancestrales desigualdades.

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LA REFORMA POLÍTICA QUE VIENE

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Los estudios sobre la democratización del sistema político mexicano tienen en común la hipótesis de que la alternancia en el ejecutivo federal, acontecida en el año 2000, marcó la conclusión de nuestra transición a la democracia, y que a partir de ese momento, inició una fase -que vivimos actualmente- que los politólogos denominan de la consolidación. Ahora, los principales elementos a discutir implican temas relacionados con la gobernabilidad de la democracia, las políticas públicas, la relación entre los poderes del Estado y las nuevas formas de legitimidad. Aunque México se incorporó con unos años de retraso al debate sobre el cambio político, debido a que vivió una democratización tardía en comparación con el resto de los países de la región, existe la convicción de que mediante un adecuado diseño institucional pueden aumentar las posibilidades de alcanzar el objetivo político de la democratización. En este contexto, resulta imperativo determinar las reglas institucionales que deben establecerse o modificarse, para lograr la gobernabilidad democrática y reducir el desencanto ciudadano.

La nueva reforma política que se requiere debe atender, entre otros temas, una evaluación del funcionamiento de nuestro modelo electoral. La federalización prometida terminó en una nueva centralización. En las entidades se ha replicado el diseño institucional del régimen nacional, destacando las características típicas del presidencialismo. Aunque las reformas constitucionales contribuyeron a reducir el poder de los ejecutivos locales y a fortalecer a los congresos, la pluralidad en las diferentes legislaturas no se ha incrementado como para generar incentivos que hagan posible que los congresos sean contrapesos reales de los gobernadores. La agenda renovadora debe partir con una evaluación ciudadana sobre el desempeño del Instituto Nacional Electoral así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y debe alcanzar a sus homólogos a nivel local. Es necesario reconocer que las modalidades de integración de dichas instancias que son parte del Estado, aún se encuentran lejos de los esquemas democráticos. Se debe atender la demanda ciudadana sobre el creciente financiamiento a los partidos políticos. La fórmula establecida por los legisladores, en su calidad de militantes de partido, garantizó a dichas organizaciones recursos públicos fuera de toda proporción. Como contraparte, tenemos una fiscalización poco efectiva, sobre todo, respecto a los recursos privados en la política. Si a las prerrogativas de los partidos agregamos la burocracia electoral, tendremos que la democracia mexicana es una de las más costosas del mundo.

Nuestra consolidación se alcanzará, cuando existan respuestas satisfactorias a la pregunta sobre cómo asegurar que los resultados de las elecciones no solo sean justos, sino que también sean percibidos como legítimos por todos los actores políticos involucrados. Debemos aprovechar que los momentos electorales son reveladores de muchas de las transformaciones contemporáneas que atraviesan la representación política y la democracia. La nueva reforma política implicaría mayor legitimidad, más allá de la obtenida por los gobernantes y legisladores al ganar las elecciones, se requiere de una legitimidad derivada, constantemente puesta a prueba por una ciudadanía alerta que ejerce informalmente poderes de control, veto y juicio a lo largo de todo el ciclo democrático.

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OPOSICIÓN Y DEMOCRACIA

 

 

Oposición

Un régimen es democrático cuando los ciudadanos pueden formular sus preferencias libremente, asociarse, expresarse y sufragar sin limitaciones. Cuando votan expresan sus preferencias respecto a diferentes alternativas políticas que compiten por el apoyo popular. La democracia es más robusta cuando mayor es el número de ciudadanos que expresan su consenso. Cuando la oposición se diluye, se debilita el esquema democrático de los pesos y contrapesos. Sin oposición la democracia se degrada. Incluso, el proceso que sigue un régimen político para reconocer a la oposición representa uno de los indicadores para distinguir entre un régimen democrático y otro autoritario.

El próximo seis de diciembre se llevarán a cabo elecciones parlamentarias en Venezuela. Lograr la convocatoria no fue un proceso sencillo, el gobierno solo accedió después de un fuerte reclamo por parte de la comunidad internacional. Para que se emitiera la convocatoria diversos líderes opositores, como Leopoldo López y Daniel Ceballos, mantuvieron una huelga de hambre en la cárcel militar donde se encuentran en calidad de presos políticos. La oposición en este país padece persecuciones de todo tipo, como en el caso del Alcalde Mayor de Caracas, Antonio Ledezma, quien fue sustraído de su oficina, encarcelado y posteriormente, mantenido en prisión domiciliaria.

Sin sustento jurídico, en los últimos días se están llevando a cabo “inhabilitaciones electorales selectivas” que afectan a dirigentes de la oposición por parte de la Contraloría General y del Consejo Nacional Electoral. Una clara arbitrariedad que limita el derecho político de elegir y ser elegido. Anteriormente, se establecía la inhabilitación con un año de antelación, ahora se hace de manera expedita. Iniciaron el 13 de julio cuando la fecha para inscribir candidatos vence el próximo 7 de agosto. Las inhabilitaciones, que también han alcanzado a algunos partidos locales opositores, son un instrumento del poder gubernamental para excluir a la oposición del proceso electoral.

Destaca la inhabilitación de la dirigente María Corina Machado, quien en 2014 fue desaforada de su condición de diputada por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, un oscuro personaje cercano al presidente Nicolás Maduro. Importantes líderes de la oposición no podrán ser candidatos, lo que aumentará la polarización política y social existente. A esto se suma una grave situación económica caracterizada por devaluaciones cotidianas de la moneda y elevadas tasas de inflación. Se estima una caída de 7% en el Producto Interno Bruto para fin de año, lo que equivale a un empobrecimiento generalizado del país.

La oposición política representa el derecho democrático de los diferentes grupos sociales para disputar el poder, así como la participación organizada de los ciudadanos para influenciar la toma de decisiones. En los regímenes no democráticos, como afirma el politólogo Juan Linz, la oposición al gobierno no puede organizarse abierta y legalmente en partidos políticos, ni enfrentarlo en elecciones libres e imparciales. El monopolio político que busca establecer el gobierno de Nicolás Maduro asemeja a una dictadura plebiscitaria. En Venezuela no existen libertades democráticas. Tampoco un sistema de justicia independiente. Con presos políticos, ausencia de oposición y prensa amordazada no hay elecciones libres, ni pueden ser justas.

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