PODER CONSTITUYENTE CIUDADANO

31 01 08 Programa de TV entre Argumentos 074

La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México producirá un nuevo ordenamiento jurídico y político, lo que representa una oportunidad para expresar la voluntad ciudadana. Siempre el Poder Constituyente ha sido un motor de renovación y una potencia innovadora que desempeña una función excepcional durante los procesos de democratización. Todas sus decisiones serán mandato porque en ellas descansarán las facultades y competencias necesarias para instituir una Constitución Política, que debe estar a la altura de los requerimientos de nuestro pacto de convivencia. Por esto, los problemas de su integración no son menores. En su obra “Dos tratados sobre el gobierno civil”, el filósofo inglés John Locke plantea el problema de la felicidad pública, es decir, de las reglas morales que hacen posible la libertad de los ciudadanos en el Estado democrático. Sus argumentos sobre la soberanía popular son verdaderamente actuales. El fin de la comunidad política, sostiene, es emplear las potestades de la comunidad para salvaguardar a la comunidad misma. Para alcanzar tal fin, corresponde “al poder de hacer las leyes” la función de identificar el interés público. La democracia constitucional no sólo desea la división clásica de poderes, sino también la necesidad de ir más allá y limitar otro tipo de poderes que puedan distorsionarla.

En la Ciudad de México, el Poder Constituyente debe instaurar un ordenamiento de libertades y de inclusión social sostenido por instituciones comunes. Esto es así, porque los derechos políticos conceden a las personas la posibilidad de participar en la formación de la voluntad social y en la estructuración política de la comunidad a través de la ciudadanía. Además, otorgan un estatuto de igualdad a los individuos para expresarse y participar en la toma de decisiones. Se trata de facultades y titularidades ciudadanas que se proyectan a través del ejercicio más amplio de la participación política. Representan el derecho humano a decidir sobre el sistema de gobierno, la representación política y el ejercicio de los cargos públicos, buscando intervenir en la definición y elaboración de normas y políticas públicas.

Los políticos de profesión deben entender que es el momento de la pluralidad y la inclusión. Las democracias contemporáneas sostienen que los ciudadanos son iguales ante la ley. Tratándose de un mismo territorio y bajo las mismas leyes, todos los habitantes deben ser objeto de igual consideración, por lo que no caben distinciones entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, condición en la que aún se encuentran muchos habitantes de la megalópolis. La Asamblea Constituyente debe representar el pacto fundacional del nuevo orden político en la Ciudad de México, donde delegados del pueblo establecen las características institucionales de la entidad federativa, determinando las normas de convivencia y el funcionamiento del poder público. Por ello, el Poder Constituyente debe tutelar los derechos ciudadanos inspirándose en los dos principios básicos del constitucionalismo: de un lado, estableciendo límites al gobierno en virtud del derecho, y del otro, el pleno reconocimiento de que toda fuente del poder político y de la ley se encuentra en los ciudadanos, quienes tienen el derecho inalienable de escoger y elegir a sus representantes.

bobbio 7

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