EL GOBIERNO DE LAS DEMOCRACIAS

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El gobierno es el núcleo central de la política. La escena contemporánea presenta una gama de variaciones extremadamente amplia en cuanto a las estructuras que integran al régimen político y a las modalidades funcionales con las que interactúan. El gobierno es un elemento constante de toda sociedad dado que partidos, parlamentos, elecciones y aparatos burocráticos desarrollados pueden no existir, pero una estructura de gobierno no puede faltar. La forma de gobierno que adopta cualquier sociedad también tiene su historia. Un árbol genealógico a través del cual es posible reconocer a las diversas familias y su descendencia, es decir, la representación gráfica, organizada y sistemática de su evolución hacia la democracia. El concepto gobierno indica el marco al interior del cual se organiza el ejercicio del poder y por lo tanto, la estructura institucional que sostiene al cuerpo político. El modo como una sociedad se gobierna así misma, implica un conjunto de procedimientos y mecanismos para asumir las decisiones que inciden en la vida colectiva, y que determinan las formas y canales de acceso a los principales cargos institucionales, las características de los actores del juego político y los recursos o estrategias que se pueden utilizar legítimamente. Para la formación de gobiernos democráticos es importante la existencia de un eficaz régimen político electoral que contribuya a dotarlos de legitimidad.

En México el estado de derecho postula la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, estrictamente apegadas a la Constitución y a la ley. Nace así la función electoral como atribución del Estado que representa la esencia misma del poder estatal. Es una atribución que -por el ejercicio de ese poder y de su carácter soberano- se reserva como un mandato. La regulación de las elecciones para la renovación periódica de los poderes públicos deriva de nuestra Constitución y se ejerce a través del régimen electoral, es decir, de la estructura institucional relativa a la materia electoral y que está conformada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que conoce y resuelve las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales, federales y locales; le sigue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y órgano especializado, permanente y colegiado para impartir justicia electoral; complementa el cuadro la autoridad administrativa encargada de organizar los procesos electorales y que está representada por el naciente Instituto Nacional Electoral que deberá ser independiente en sus decisiones y funcionamiento. También forman parte de este régimen los institutos y tribunales electorales locales, así como la nueva fiscalía electoral autónoma. Nuestro régimen político electoral tiene un fundamento constitucional dado que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal” bajo la forma de gobierno de sistema presidencial.

El caso mexicano enseña que la arquitectura institucional juega un papel importante en el proceso de democratización, en el sentido de que incentiva comportamientos virtuosos para alcanzar fines colectivos. De esta manera, para resolver la conflictividad electoral nuestro desarrollo político ha transitado por distintas fases evolutivas. La etapa inicial surge con nuestra Constitución Federal de 1824 y se prolonga hasta la reforma electoral de 1987, durante este período se mantuvo vigente un sistema de autocalificación que se caracterizaba por reservar a los colegios electorales de las cámaras legislativas la facultad de calificar los comicios. Entre 1987-1996 le siguió una fase denominada del contencioso mixto porque era al mismo tiempo político y jurisdiccional, en este periodo se creó el primer tribunal electoral en nuestro país como un órgano autónomo y competente para resolver las impugnaciones electorales, sin embargo, sus resoluciones podían ser modificadas por los colegios electorales. A partir de entonces se ha venido consolidando una nueva etapa del contencioso electoral en México que es plenamente jurisdiccional y que resuelve, en forma definitiva e inatacable, los medios de impugnación presentados contra los resultados electorales.

Todo régimen político electoral tiene de un lado, valores implícitos que en nuestro caso están representados por el principio de constitucionalidad, el cual precede y arropa a todos los demás, incluido el de legalidad en sentido estricto, y del otro, valores explícitos que se han venido incorporando en los últimos decenios producto de las sucesivas reformas político electorales, entre los que destacan los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, así como el principio recientemente incorporado de máxima publicidad. Este entramado de estructuras y de valores políticos permite que funcione nuestro régimen electoral, garantizando la vigencia del estado democrático de derecho. Con sus continuas y profundas transformaciones institucionales la democracia mexicana busca asegurar que se respete la voluntad popular y que se refleje cabalmente en los resultados electorales. Esto es importante para nuestro proceso político dado que la legitimidad de nuestros gobernantes se sustenta en la convicción de la mayoría de ciudadanos, de que solo un gobierno democrático puede asegurar el logro de los objetivos colectivos en modo satisfactorio.

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