IMPUNIDAD SOBERANA

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El mundo contemporáneo ha conocido profundas transformaciones que hacen imposible una lectura simplificada de su evolución. Se observa el formidable desarrollo económico y científico logrado, el éxito de los valores democráticos, así como el progreso en los diferentes campos del saber. Sin embargo, no se pueden ignorar las manifestaciones más extremas de la dominación y la manipulación social. La globalización plantea nuevos problemas a la agenda de los derechos humanos y a la calidad de los regímenes democráticos, que no pueden consolidarse sin un orden jurídico y un marco ético que protejan de la impunidad. La corrupción sigue siendo el verdadero cáncer social que la origina y sostiene. La impunidad se refiere a la falta de castigo. Es impune quien ha incurrido en una falta o delito y no recibe la pena correspondiente a su actuar. Sin sanciones la conducta no se enmienda, no cambia. La evasión de la sanción es común en aquellos lugares donde no existe el imperio de la ley. La impunidad significa la ausencia de responsabilidades, de hecho o de derecho, por parte de los autores de violaciones civiles o administrativas, penales o disciplinarias, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención y procesamiento. El concepto de impunidad no describe una situación jurídica que pueda definirse estrictamente, sino un amplio fenómeno de dimensiones sociales, culturales, psicológicas, políticas y económicas.

La impunidad anula la justicia y es causa de odio, violencia, falta de credibilidad y desconfianza en las instituciones. La inconformidad social crece cuando se percibe que la impunidad es característica de la autoridad. La omisión y la inacción en el servicio público la fomentan colocando a los ciudadanos en un estado de indefensión, lo que produce mayor frustración entre quienes han padecido el abuso del poder y visto vulneradas sus prerrogativas constitucionales. La impunidad priva a la sociedad del derecho a que se conozca la verdad, del derecho a la justicia y a interponer recursos efectivos para la reparación del daño. En México prevalece un estado de impunidad soberana donde los abusos de la autoridad y la comisión de delitos por parte de particulares, crean un círculo vicioso que impide el desarrollo del Estado de Derecho. Según el “Índice Global de Impunidad 2015” elaborado por la Universidad de las Américas, ocupamos el segundo lugar entre las naciones con mayor impunidad del planeta. Ésta se propicia cuando se obstaculizan investigaciones sobre posibles faltas en la función pública, y al no llevarse a cabo de manera efectiva e independiente, tales abusos constituyen la norma del sistema. Se garantiza la impunidad mediante la designación de jueces y fiscales a modo, sin aspiración alguna de imparcialidad. Jueces a cuya entera discreción quedan sometidos los derechos ciudadanos. Al dificultar el acceso al sistema judicial y a la administración de la justicia, vía la omisión de recursos legales, se crea un sistema de impunidad soberana cada vez más preocupante, porque ocurre en un contexto de crecientes violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas. Para erradicar la impunidad requerimos de un vigoroso Estado de Derecho.

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