LA REFORMA POLÍTICA QUE VIENE

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Los estudios sobre la democratización del sistema político mexicano tienen en común la hipótesis de que la alternancia en el ejecutivo federal, acontecida en el año 2000, marcó la conclusión de nuestra transición a la democracia, y que a partir de ese momento, inició una fase -que vivimos actualmente- que los politólogos denominan de la consolidación. Ahora, los principales elementos a discutir implican temas relacionados con la gobernabilidad de la democracia, las políticas públicas, la relación entre los poderes del Estado y las nuevas formas de legitimidad. Aunque México se incorporó con unos años de retraso al debate sobre el cambio político, debido a que vivió una democratización tardía en comparación con el resto de los países de la región, existe la convicción de que mediante un adecuado diseño institucional pueden aumentar las posibilidades de alcanzar el objetivo político de la democratización. En este contexto, resulta imperativo determinar las reglas institucionales que deben establecerse o modificarse, para lograr la gobernabilidad democrática y reducir el desencanto ciudadano.

La nueva reforma política que se requiere debe atender, entre otros temas, una evaluación del funcionamiento de nuestro modelo electoral. La federalización prometida terminó en una nueva centralización. En las entidades se ha replicado el diseño institucional del régimen nacional, destacando las características típicas del presidencialismo. Aunque las reformas constitucionales contribuyeron a reducir el poder de los ejecutivos locales y a fortalecer a los congresos, la pluralidad en las diferentes legislaturas no se ha incrementado como para generar incentivos que hagan posible que los congresos sean contrapesos reales de los gobernadores. La agenda renovadora debe partir con una evaluación ciudadana sobre el desempeño del Instituto Nacional Electoral así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y debe alcanzar a sus homólogos a nivel local. Es necesario reconocer que las modalidades de integración de dichas instancias que son parte del Estado, aún se encuentran lejos de los esquemas democráticos. Se debe atender la demanda ciudadana sobre el creciente financiamiento a los partidos políticos. La fórmula establecida por los legisladores, en su calidad de militantes de partido, garantizó a dichas organizaciones recursos públicos fuera de toda proporción. Como contraparte, tenemos una fiscalización poco efectiva, sobre todo, respecto a los recursos privados en la política. Si a las prerrogativas de los partidos agregamos la burocracia electoral, tendremos que la democracia mexicana es una de las más costosas del mundo.

Nuestra consolidación se alcanzará, cuando existan respuestas satisfactorias a la pregunta sobre cómo asegurar que los resultados de las elecciones no solo sean justos, sino que también sean percibidos como legítimos por todos los actores políticos involucrados. Debemos aprovechar que los momentos electorales son reveladores de muchas de las transformaciones contemporáneas que atraviesan la representación política y la democracia. La nueva reforma política implicaría mayor legitimidad, más allá de la obtenida por los gobernantes y legisladores al ganar las elecciones, se requiere de una legitimidad derivada, constantemente puesta a prueba por una ciudadanía alerta que ejerce informalmente poderes de control, veto y juicio a lo largo de todo el ciclo democrático.

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