CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE DERECHO

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Cualquier definición del concepto Estado hace referencia al principio de legitimidad, pero sobre todo, a los atributos específicos del poder político encarnados en la legalidad, la eficacia y la eficiencia, en una palabra, a las capacidades institucionales para hacer cumplir la ley. El Estado representa, para decirlo en palabras de Max Weber: “un instituto político de actividad continuada en la medida de que su cuadro administrativo mantenga con éxito, la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente”. El Estado, en consecuencia, es una máquina organizada para la ejecución de decisiones políticas y para la imposición del orden legal. El caso de las víctimas de Ayotzinapa ha derivado en una profunda crisis de legalidad que si no se atiende con urgencia puede conducir a una crisis de legitimidad del sistema político en su conjunto. De un lado, crisis de legalidad por el continuo afirmarse de la impunidad, y del otro, crisis de legitimidad porque a la pérdida de consenso le sigue la persistencia inestable y en casos extremos, la ingobernabilidad.

 

Legitimidad y legalidad son dos requisitos del poder democrático. Uno indica la titularidad del poder, mientras que el otro se refiere al ejercicio del poder. Cuando se exige que un poder sea legítimo se pide que quien lo detenta tenga un justo título para poseerlo, cuando se invoca la legalidad se reclama que el poder sea ejercido en base a leyes establecidas. Donde el poderoso invoca la legitimidad, los ciudadanos invocan la legalidad. Que el poder sea legítimo interesa al soberano, que sea legal interesa al pueblo. Es la distinción entre la legitimidad del título y la legalidad del ejercicio. Para el ciudadano la legitimidad es el fundamento de su deber de obediencia, en tanto que la legalidad es la garantía de respeto a sus derechos fundamentales. El poder encuentra su legitimidad no en el hecho de estar autorizado por la norma suprema, sino en el hecho de ser efectivamente obedecido. Dicho de otra manera, la característica particular del poder del Estado consiste en que su legitimidad depende de su eficacia y efectividad para aplicar la ley y para mantener el Estado de derecho.

 

Diversos politólogos, juristas y sociólogos afirman que existe crisis de gobernabilidad cuando se presenta una pérdida del consenso. No hay mejor modo de demostrar el consenso que la obediencia continua y efectivamente concedida. Sin este consenso, ninguna forma de Estado tendría la posibilidad de condicionar las conductas sociales. El Estado constitucional de derecho que urge, debe fundarse en una activa cultura de la legalidad. La crisis de inseguridad solo puede combatirse con la legalidad. El desarrollo de la cultura política es una condición para el florecimiento de la cultura de la legalidad. Si la cultura política lleva a la consecución y al goce de cada vez más amplias prerrogativas para el ciudadano, la cultura de la legalidad conduce a la preservación de las mismas, es decir, a la construcción del orden social. Sin una robusta cultura de la legalidad, el consenso se deteriora. No lo permitamos.

 

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