(IN) JUSTICIA AMBIENTAL

El medio ambiente vive una situación de emergencia. Campea la ilegalidad, la impunidad, los atentados ecológicos, la creciente privatización de los recursos naturales e incluso la existencia de “ecomafias” internacionales como demuestra el interés del crimen organizado por el saqueo de recursos naturales en Michoacán y otros estados del pacífico. Las irreversibles agresiones ambientales de Minera México en Sonora, del mega proyecto comercial Dragon Mart en Cancún, los constantes derrames de gasolina y petróleo a lo largo y ancho del país, la tala ilegal de bosques, así como las construcciones depredadoras sobre extensas áreas verdes en las ciudades son noticia cotidiana. Frecuentemente son las mismas autoridades ambientales las que facilitan los ecocidios, como en el caso de Cabo Pulmo en Baja California.

La devastación ecológica tiene consecuencias ambientales como inundaciones, violentos fenómenos meteorológicos, deforestación y erosión de suelos, creciente contaminación, sobreexplotación de cuerpos de agua y desertificación. Son las características de un problema “apocalíptico” que afecta a todos.

Nuestra política ambiental se remonta a la Ley de conservación del suelo y agua de 1946. Debieron pasar decenios para que en 1992 se creara una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente encargada de la vigilancia del cumplimiento de las leyes en la materia. La primera secretaría del medio ambiente surge en 1994 con el objetivo –se decía- de impulsar una política de protección ambiental atendiendo las causas de la contaminación, pérdida de ecosistemas y biodiversidad.

Desde entonces muy poco hemos avanzado. En teoría todo funciona bien: las facultades están adecuadamente distribuidas, estados, municipios y comunidades están representados. Pero en la realidad persisten graves problemas a la vista de todos.

El más inminente lo denuncia Greenpeace afirmando que los cambios a diversas leyes incluidas en el denominado “paquete verde” de la Reforma Energética abrirán las puertas para que la devastación ambiental adquiera magnitudes nunca antes vistas en México.

Debemos dar un salto de calidad, convirtiendo al medio ambiente en una referencia obligada para todas las decisiones sobre el futuro de México.

El medio ambiente representa un derecho común de la humanidad. Los elementos naturales no pueden ser mercantilizados, privatizados o patentados pues son propiedad colectiva.

La democratización del proceso de toma de decisiones en materia ambiental es un pendiente. Si en el pasado se requería centralizar la política sobre medio ambiente, hoy es necesario promover la descentralización de la gestión pública ambiental.

La sustentabilidad ecológica implica solidaridad con las generaciones futuras. Involucra la protección efectiva de tierras y territorios contra la degradación ambiental y el uso irracional de los recursos por parte de particulares y de autoridades.

Pero ninguna estrategia funcionará sin el acceso efectivo a la justicia ambiental, es decir a la posibilidad de obtener soluciones expeditas y completas por parte de las autoridades judiciales a conflictos de naturaleza ambiental.

Debemos avanzar en la legitimación procesal de las comunidades y de cualquier individuo en defensa del medio ambiente, en los sistemas probatorios sobre el nexo causa-efecto de los daños ambientales, así como en los esquemas para la reparación del daño. Si no actuamos ahora, después será muy tarde.

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